Los precedentes

El borrador de la actual declaración conjunta, obtenido por la asociación pro-familia Friday Fax, trae a la memoria tanto la de 2008 como la de 2006, que fue presentada por Noruega ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y firmada por 54 países.

La declaración noruega de 2006 se centraba sobre todo en la cuestión de la violencia contra las personas a causa de su mera orientación sexual o de su “identidad de género” (transexuales).

La declaración de 2008 liderada por la UE iba mucho más allá y demandaba la despenalización de toda ley de sodomía.  Además, deliberadamente contenía un lenguaje general y ambiguo que exigía que fueran “llevados ante la justicia” los perpetradores de violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o en la identidad de género. Podía servir para castigar al violento que pega a una persona sólo por ser homosexual… pero, en la práctica, también servía para perseguir a cualquiera que se negase a apoyar la ideología del homosexualismo político.

Ban Ki-Moon: la homosexualidad, categoría protegida

El actual borrador de la declaración hace alusión a un discurso pronunciado en enero por el secretario general Ban Ki-moon en el Consejo de Derechos Humanos, en el que afirmó: “Comprendo que la orientación sexual y la identidad de género suscitan cuestiones culturales sensibles. Pero la práctica cultural no puede justificar ninguna violación de los derechos humanos”.

En la celebración del Día de los Derechos Humanos el pasado diciembre, el secretario general exigió la total despenalización de la ley de sodomía y sostuvo que la “orientación sexual” y la “identidad de género” son categorías protegidas según la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue ratificada en 1948.

Mientras que la mayoría de los defensores de los nuevos “derechos” para los homosexuales aún aseguran que sólo intentan proteger a los homosexuales de la violencia y de las violaciones burdas, la aplicación de leyes en esta área revela un panorama muy diferente.

El caso paradigmático en un país democrático y occidental es el Reino Unido, donde estas leyes se aplican como un método de persecución social contra los que mantienen una moral tradicional judeocristiana respecto a la vida, el sexo y la familia.

El ejemplo ilustrador de Inglaterra

 En 2007, el Reino Unido estableció reglamentaciones sobre orientación sexual que efectivamente clausuraron todas las agencias católicas de adopción en el estado por negarse confiar niños a parejas del mismo sexo.

A comienzos de este mes, una corte del Reino Unido dictaminó una histórica sentencia por la que negó a un matrimonio cristiano evangélico la posibilidad de ser padres de acogida basándose en el hecho de que ellos no aprobarían la homosexualidad. Este matrimonio llevaba años siendo una familia de acogida de impecables referencias.

La corte determinó que el derecho a la libertad religiosa no podía suplantar el derecho secular que exige la no discriminación basada en la orientación sexual. Un juez de la causa dijo que “las leyes y usanzas del reino no incluyen a la cristiandad, en cualquiera de sus formas. El aforismo ‘el cristianismo es parte del derecho común de Inglaterra’ es mera retórica”.

Aplicación discriminadora en EEUU

El año pasado, una ley del distrito federal de Columbia que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo contenía disposiciones que obligaron a la Arquidiócesis Católica de Washington D.C. a dar de baja sus servicios de colocación de niños y a dejar de ofrecer beneficios maritales para sus empleados.

Tal como en 2008, los países que se opusieron a la agenda de “derechos” homosexuales planean presentar una contradeclaración en el Consejo de Derechos Humanos este mes.