Indignación por el caso de una china obligada a abortar un embarazo de siete meses
Feng Jianmei fue obligada a abortar a los siete meses de embarazo porque ya tiene un hijo. Así de duro. Y es que China no se anda con chiquitas en esta cuestión. La oficina del control de natalidad trasladó a Feng Jianmei que tendría que abonar 5.000 euros en concepto de multas si quería dar a luz a su segundo hijo. Como la familia de la chica no podía hacer frente a esta cantidad, Feng tuvo que abortar.
Feng Jianmei está desconsolada. Su madre ha explicado que 20 miembros del departamento de planificación familiar irrumpieron en su casa, la arrestaron y la llevaron al hospital donde le pusieron una inyección letal para el bebé, que murió 36 horas después.
Li Yuongjou, subjefe del Departamento de la Familia, asegura que Feng Jianmei no fue obligada a abortar, «ella misma accedió al aborto». Además, ha añadido que en China el aborto está permitido hasta las 28 semanas. En cambio, ha admitido que en su ciudad la ley del control de natalidad no se había hecho cumplir durante dos años y las autoridades están actuando más enérgicamente.
Las autoridades de la ciudad china de Ankang han hipócritamente pedido disculpas públicamente a la mujer que fue forzada a abortar un feto de más de siete meses de gestación y han destituido a tres funcionarios, informó hoy la agencia oficial Xinhua.
Las medidas llegan después la difusión en internet de varias imágenes de Feng Jianmei, de 27 años, en las que aparecía postrada en la cama de un hospital junto al malogrado bebé, lo que desató la indignación popular en China.
Los funcionarios han sido destituidos por incumplir las leyes del país, que prohíben expresamente los abortos de fetos de más de seis meses de gestación, según Xinhua.
Entre ellos figura el director del Buró de Planificación Familiar del condado de Zhenping, en la provincia de Shaanxi (centro oeste de China).
Los oficiales relegados alegaron que el aborto se produjo bajo lo estipulado en la ley y con el acuerdo de la progenitora, aunque ésta denunció que fue detenida durante tres días, además de forzada a abortar y a firmar un documento de consentimiento al no poder pagar la multa por tener un segundo hijo.
Según la agencia oficial, el gobierno de Ankang ha instado a las autoridades superiores a que lleven a cabo una seria investigación sobre el trabajo de Buró de Planificación Familiar y a que realicen mayores esfuerzos para proteger los derechos de los ciudadanos.
El caso de Feng acumuló hasta 500.000 comentarios en las redes sociales chinas, donde muchos usuarios denunciaron la existencia de corrupción en el cobro de las multas por tener un segundo hijo, cuya cantidad varía según la provincia.
Preguntado sobre si este caso evidencia el problema de la violencia contra mujeres por la política del hijo único persistente en China -como señalan desde organizaciones de derechos humanos-, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Liu Weimin rechazó hacer comentarios en una rueda de prensa en Pekín.
La política de hijo único se instauró en China en 1979 con el objetivo de establecer un control radical de la natalidad en el país más poblado del mundo.
