Perú: algo se mueve en la “universidad rebelde”
Por primera vez en los últimos cuatro años a la sesión asistieron tres representantes del episcopado peruano, un gesto que fue considerado como prueba de la “apertura al diálogo” de parte de la Iglesia.
Por: ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ
CIUDAD DEL VATICANO. Algo se está moviendo en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tras años de una postura inflexible ante las solicitudes de la Iglesia de adecuar sus estatutos a la normativa vaticana “Ex Corde Ecclesiae”, por primera vez sus autoridades bajaron el tono.
Ahora se dicen dispuestas a dialogar, especialmente tras el ultimátum impuesto por la Santa Sede para que normalicen su situación. Pero todavía mantienen un rechazo a modificar sus reglas internas. ¿Incumplirán las exigencias de la Santa Sede obligando a tomar decisiones drásticas?
Este martes 28 de febrero sesionó la Asamblea Universitaria en el campus de Lima. Una reunión extraordinaria convocada para que los miembros de ese organismo pudiesen escuchar, de primera mano, el reporte del viaje que emprendió el rector Marcial Rubio la semana pasada a Roma, donde se reunió con el “número dos” del Vaticano y secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, el 21 de febrero. El encuentro había despertado gran expectativa porque muchos apostaban a que la Asamblea diese la espalda una vez más a las peticiones de la Iglesia.
Entre otros la presidenta de la Federación de Estudiantes y líder de la corriente Izquierda Universitaria, Sigrid Bazán, quien elevó el nivel de la tensión en las horas previas mediante diversas apariciones en la prensa. Tras seis horas de debate interno los 75 miembros de ese cuerpo colegiado salieron igual que como entraron: con una negativa a modificar sus estatutos, algo que debieron llevar a cabo desde 1990 cuando Juan Pablo II promulgó la carta apostólica “Ex Corde Ecclesiae” y que en la actualidad rige a todas las universidades católicas del mundo. A cambio ofrecieron apertura para negociar.
En un comunicado informaron que la Asamblea Universitaria pidió al rectorado dar “todos los pasos dirigidos a establecer el diálogo con las autoridades de la Iglesia en la perspectiva de hallar una solución integral para el conflicto, dentro del marco de sus acuerdos de septiembre del 2011”. Esto fue interpretado externamente como un intento por ganar tiempo, en una situación cada vez más desfavorable para ellos.
De todas formas tras la reunión el rector Rubio se mostró conciliador, advirtió que existe “voluntad de llegar a un acuerdo antes del 8 de abril” (cuando vence el ultimátum vaticano) y no descartó una posible reforma del estatuto, “siempre y cuando no se altere la autonomía, se mantenga su vocación católica además de su carácter pontificio como punto de partida” (La Republica, 29.02.2012). ¿Un cambio de actitud auténtico? De confirmarse abriría la posibilidad a una solución del conflicto, durado poco más de 20 años.
Lo cierto es que se trata de un escenario nuevo producto de la intervención directa del Vaticano, que tomó el rol de protagonista con capacidad de dirimir una polémica. Hasta la audiencia del martes 21 con Bertone, el rector y las autoridades universitarias se mostraban convencidas que su estrategia de desdén a la jerarquía eclesiástica les favorecería de alguna manera.
Por alguna razón creían que la Santa Sede continuaría dialogando y, tarde o temprano, sus argumentos serían escuchados. Ciertamente no se esperaban un ultimátum. Marcial Rubio encontró en Roma un escenario completamente distinto. El secretario de Estado del Vaticano lo recibió apenas 15 minutos y sólo para informarle que la cúpula universitaria debe entregar el estatuto reformado antes del día de Pascua, en abril.
Como la Sede Apostólica toma en serio el problema de la PUCP, dos días después de la audiencia con el rector, el cardenal Bertone recibió contemporáneamente a Juan Luis Cipriani Thorne, arzobispo de Lima y gran canciller de la universidad; al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Salvador Piñero y al vicepresidente Javier del Río. Con ellos buscó soluciones alternativas. Surgió entonces la propuesta concreta de delegar en la CEP la vigilancia sobre los bienes del centro de estudios, cuyo control es motivo de un diferendo que aún se encuentra abierto en los tribunales civiles del Perú.
Además esa conversación dio resultados concretos sobre frentes clave para destrabar el conflicto. Mientras el arzobispo Piñero se empeñó en dejar públicamente claro que la Iglesia no desea echar mano a las posesiones de la PUCP, el cardenal Cipriani pidió disculpas por sus posibles extralimitaciones a lo largo de los últimos años. De esa manera se desarticularon dos de las excusas largamente esgrimidas por los defensores de la universidad: un temor a perder los bienes y la supuesta antipatía del arzobispo de Lima, característica invocada para convertir un problema institucional en un asunto personal.
Con estos antecedentes la Asamblea Universitaria se reunió la tarde del martes. Por primera vez en los últimos cuatro años a la sesión asistieron tres representantes del episcopado peruano, un gesto que fue considerado como prueba de la “apertura al diálogo” de parte de la Iglesia.
Pero todavía quedan muchos pendientes para la PUCP. Porque el ultimátum del Vaticano se mantiene vigente y antes del 8 de abril su estatuto debe estar modificado. ¿Sus autoridades dirán no una vez más? ¿Se expondrán a ser sancionadas perdiendo los títulos de “pontificia” y “católica”? La institución está al borde del precipicio, un paso en falso y puede caer.
